Ciudad de México. El Gobierno de México anunció una ruta legal y diplomática más firme por las muertes de connacionales bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE. La medida coloca el tema migratorio en un nuevo punto de tensión bilateral y busca llevar los casos ante instancias judiciales y organismos internacionales.
De acuerdo con la información difundida por Presidencia y la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno mexicano tiene registro de 17 personas de nacionalidad mexicana fallecidas en situaciones relacionadas con ICE: 14 bajo custodia y tres durante operativos. La administración federal indicó que solicitará apoyo para presentar denuncias ante autoridades estadounidenses y que también impulsará acciones civiles contra empresas privadas que operan centros de detención.
De la protesta diplomática a la vía legal
El cambio de tono ocurre después de varios reclamos diplomáticos y de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano abatido durante un operativo en Houston. La Cancillería ha señalado que los consulados darán seguimiento cercano a los casos, mientras que el gobierno buscará que se investiguen responsabilidades por posibles violaciones a derechos humanos.
La estrategia incluye acudir a fiscalías estatales, al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a mecanismos internacionales. Aunque México no puede obligar directamente a las autoridades estadounidenses a iniciar procesos penales, sí puede presentar información, acompañar a las familias y elevar el costo político de la falta de investigación.
Impacto para familias migrantes
Para las comunidades mexicanas en Estados Unidos, el anuncio tiene una dimensión práctica: los consulados deberán fortalecer la asistencia legal, documentar abusos y mantener comunicación con familiares. En México, el tema también toca a estados con alta migración, incluido Chiapas, donde numerosas familias dependen de parientes que trabajan en territorio estadounidense.
Organizaciones defensoras de migrantes han advertido desde hace años sobre condiciones de detención, atención médica deficiente y falta de transparencia en centros privados. Por ello, la decisión mexicana apunta no solo a casos individuales, sino a revisar el modelo de custodia migratoria bajo la actual política estadounidense.
El desenlace dependerá de la respuesta de autoridades judiciales en Estados Unidos y de la capacidad mexicana para sostener el seguimiento caso por caso. Por ahora, el mensaje oficial es que la defensa consular pasará de las notas diplomáticas a una ofensiva legal más amplia.
Fuentes: Gobierno de México, AP, El País.
