Ciudad de México. El caso de huachicol fiscal que ya había golpeado a mandos navales suma ahora una nueva línea de investigación: tres integrantes del Ejército estarían prófugos por su presunta participación en una red de contrabando de combustible en la aduana de Matamoros, Tamaulipas.
Una investigación que se extiende
De acuerdo con información publicada este 6 de julio por El País, con base en un reporte de Reforma, la Fiscalía General de la República busca detener a tres militares vinculados con el paso irregular de hidrocarburos por una aduana terrestre. La indagatoria apunta a un esquema que habría permitido el ingreso ilegal de 144 millones de litros de combustible entre junio y julio de 2025.
El caso resulta relevante porque muestra que las investigaciones por huachicol fiscal no se limitan al contrabando marítimo. A 10 meses del desmantelamiento de una red atribuida a marinos de alto rango, las pesquisas alcanzan ahora a personal relacionado con la operación aduanera terrestre en la frontera norte.
Órdenes de aprehensión y presunción de inocencia
El reporte señala que existe una lista de 13 personas con órdenes de aprehensión, entre militares, soldados y empresarios. Siete ya habrían sido detenidas, mientras que los tres integrantes del Ejército mencionados permanecen prófugos. Hasta que una autoridad judicial determine responsabilidades, todas las personas señaladas conservan la presunción de inocencia.
El huachicol fiscal consiste en ingresar combustibles al país mediante declaraciones falsas, triangulaciones empresariales o maniobras aduaneras que evitan el pago correcto de impuestos. Su impacto no es menor: reduce ingresos públicos, distorsiona el mercado energético y fortalece redes de corrupción que operan entre empresas, intermediarios y funcionarios.
Relevancia para la agenda de seguridad
Para México, el avance de estas investigaciones toca un punto sensible: la participación de instituciones de seguridad en tareas aduaneras y portuarias. Si las indagatorias confirman complicidades, el reto no será solo detener a responsables, sino cerrar espacios administrativos que permitan repetir el esquema.
En estados del sur, incluido Chiapas, el tema también importa porque el combate al contrabando de combustible tiene efectos sobre precios, transporte, recaudación y seguridad en rutas comerciales. La frontera y los puertos son puntos distintos de una misma cadena: cuando una red se mueve en un tramo, suele buscar otro punto de entrada.
El caso sigue en desarrollo. La información disponible hasta ahora apunta a nuevas órdenes de captura y a una investigación que podría ampliarse conforme se conozcan documentos judiciales, versiones oficiales y posibles detenciones adicionales.
Fuentes: El País, Reforma.
