La política antidrogas aplicada en Nuevo León muestra un impacto desproporcionado sobre mujeres en condiciones de pobreza, violencia y exclusión, de acuerdo con testimonios reunidos en centros penitenciarios femeniles.
El fenómeno revela una cara menos visible de la estrategia contra el narcomenudeo: mientras las grandes estructuras criminales suelen conservar capacidad de operación, muchas mujeres detenidas pertenecen a los eslabones más bajos de la cadena. Varias llegan al comercio de pequeñas cantidades de droga por necesidad económica, consumo problemático, amenazas o dependencia de parejas y grupos locales.
Delito, pobreza y falta de defensa
La reforma de 2009 a la Ley General de Salud endureció los criterios para perseguir la posesión de sustancias por encima de límites mínimos. En la práctica, esto facilitó que fiscalías estatales procesaran casos de narcomenudeo con penas que pueden llevar a prisión preventiva o sentencias abreviadas.
Especialistas en justicia penal han señalado que las mujeres pobres enfrentan mayores obstáculos para defenderse. No siempre pueden pagar una fianza, contratar defensa privada o sostener un proceso largo. En algunos testimonios, internas denuncian siembra de droga, golpes, extorsión policial o presión para aceptar culpabilidad a cambio de una condena menor.
Una discusión nacional
Aunque el caso documentado se ubica en Nuevo León, el tema tiene resonancia nacional. En estados del sur y sureste, incluida la frontera de Chiapas con Centroamérica, las economías criminales también se aprovechan de comunidades con pocas oportunidades, empleos precarios y redes familiares debilitadas.
El debate no implica negar la gravedad del narcomenudeo ni su relación con la violencia cotidiana. La pregunta es si la prisión de mujeres en situación vulnerable reduce realmente la capacidad de las redes criminales o solo castiga a quienes son más fáciles de detener.
Organizaciones sociales plantean que los jueces deben analizar contexto, coacción, maternidad, pobreza y acceso a defensa antes de imponer cárcel como única respuesta. La reinserción también exige tratamiento de adicciones, empleo y protección frente a grupos que amenazan a mujeres y familias.
La seguridad pública requiere perseguir a quienes controlan el negocio criminal, pero también evitar que la justicia termine reproduciendo desigualdades contra quienes ya vivían atrapadas por la violencia.
Fuentes: El País.
