Entre 14 y 24 millones de líneas celulares podrían quedar suspendidas en México si no completan su registro obligatorio, de acuerdo con estimaciones regulatorias difundidas este lunes 29 de junio.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones prevé que, con la prórroga escalonada y el inicio de suspensiones, se alcance el registro de entre 120 y 130 millones de líneas, cerca de 85 por ciento del total. El universo restante, equivalente a entre 10 y 15 por ciento, quedaría en riesgo de perder temporalmente el servicio si no se vincula correctamente con los datos solicitados.
Qué implica la suspensión
La medida no significa que el teléfono quede inutilizado, pero sí limitaría funciones esenciales de comunicación cotidiana. Una línea suspendida dejaría de contar con llamadas normales, mensajes y datos móviles, aunque conservaría acceso a números de emergencia y atención de la compañía telefónica.
El objetivo oficial del registro es reducir el uso de líneas anónimas en delitos como extorsión, fraude y amenazas. Sin embargo, organizaciones especializadas han advertido que la medida debe aplicarse con garantías de protección de datos personales, transparencia y mecanismos claros para evitar errores que afecten a usuarios cumplidos.
Usuarios deben revisar su situación
Para millones de personas, el celular es una herramienta de trabajo, banca móvil, educación, movilidad y comunicación familiar. Por eso, especialistas recomiendan verificar directamente con la empresa telefónica si la línea ya aparece registrada, especialmente en casos de prepago, líneas empresariales, números usados por menores de edad o teléfonos adquiridos por terceros.
La discusión también tiene impacto en Chiapas, donde muchas comunidades dependen del teléfono móvil para pagos, avisos escolares, contacto con familiares migrantes y atención de emergencias. Una suspensión masiva podría afectar más a usuarios con menor acceso a centros de atención o trámites digitales.
El reto será equilibrar seguridad y derechos digitales. Combatir la extorsión es una prioridad nacional, pero la implementación deberá evitar que la falta de información, fallas técnicas o barreras de acceso dejen incomunicadas a personas que dependen de su línea para actividades básicas.
Fuentes: El Universal.
