Ciudad de México.- La violencia política comenzó a perfilarse como uno de los riesgos centrales rumbo a las elecciones federales y locales de 2027, cuando el país renovará gubernaturas, diputaciones federales y una amplia lista de cargos municipales y estatales. Reportes preliminares citados este martes señalan 51 hechos de violencia contra actores políticos en lo que va de 2026.
El dato preocupa porque el proceso electoral todavía no inicia formalmente. Aun así, alcaldes en funciones, dirigentes partidistas, funcionarios municipales, exaspirantes y perfiles con presencia territorial ya aparecen como blancos de asesinatos, atentados o amenazas. Especialistas consultados advierten que el riesgo puede crecer durante el segundo semestre, conforme partidos y grupos internos definan candidaturas.
Más cargos, más exposición
Las elecciones de 2027 tendrán una dimensión territorial amplia. Además de la Cámara de Diputados, estarán en disputa 17 gubernaturas y cientos de cargos locales. Esa multiplicación de aspirantes suele elevar la exposición pública de quienes buscan competir, sobre todo en municipios donde las disputas políticas se cruzan con intereses económicos, control territorial o presencia de grupos criminales.
La preocupación no se limita a los días de campaña. En distintas regiones del país, la competencia comienza meses antes mediante recorridos, reuniones comunitarias, promoción interna y búsqueda de respaldos. Ese adelantamiento puede volver visibles a posibles candidaturas antes de que existan protocolos completos de protección electoral.
El riesgo municipal
Analistas en seguridad señalan que los ataques contra políticos locales suelen estar vinculados con el interés de grupos criminales por influir en decisiones municipales. Controlar áreas como seguridad pública, obras, comercio, mercados, licencias o servicios puede representar acceso a presupuesto, rutas, protección o información.
Por eso, la violencia política no debe leerse solo como agresión a una persona candidata. También puede ser un intento de condicionar decisiones públicas, intimidar equipos de trabajo o enviar mensajes a actores partidistas. Cuando esto ocurre antes de una elección, la competencia deja de ser plenamente libre para comunidades enteras.
Prevención antes de la campaña
El reto para autoridades electorales, partidos y gobiernos será anticiparse. Mapear zonas de riesgo, revisar antecedentes de amenazas, habilitar canales de denuncia y evitar que las candidaturas se definan sin evaluación de seguridad puede ayudar a reducir vulnerabilidades. También será clave proteger a funcionarios municipales que, sin estar en campaña, ya son parte de disputas políticas locales.
La elección de 2027 todavía está a meses de iniciar, pero las señales de 2026 obligan a tomar decisiones desde ahora. Si la violencia se normaliza como parte del camino electoral, el daño no será solo para partidos o candidaturas, sino para la confianza pública en la democracia local.
Fuentes: El Sol de Chiapas, Expansión Política, Integralia Consultores.
