El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (SUTUNICH), a 10 meses de haber emplazado a huelga a la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), denunció que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje actúa impunemente contra los trabajadores, para favorecer a la parte patronal.
El Comité Ejecutivo del Sutunich cuenta con el resolutivo de parte de la JLCyA bajo el expediente H/11/2018), tener el amparo y la protección de la Justicia de la Unión concedido por el Juez Federal (5-A-429/2018), quien consideró excesivo fijar fecha ocho meses; de acudir a audiencia conciliatoria el 24 de septiembre; y de ampliar fecha de estallamiento a huelga para el día 16 de octubre de 2018, a las 14:00 hrs, la Junta impunemente, a menos de 24 horas, emite documento al SUTUNICH diciendo que: “el emplazamiento a huelga viene firmado únicamente por el Secretario General y No por los integrantes del Comité Ejecutivo”.
Lo anterior, asegura el comité de trabajadores que eso demuestra que la JLCyA siempre ha estado de lado de la patronal, con ello se corrobora la violación a derechos de los trabajadores al carecer de fundamento y totalmente fuera de los plazos establecidos por la Ley Federal del Trabajo.
La Justicia Laboral en el estado de Chiapas no existe, el Presidente de la JLCyA, Carlos Enrique Martínez Vázquez, carece de ética y sólo demuestra contubernio con los abogados de la UNICH: Abel Barradas, Ariosto Pérez, Ángel Gabriel Pérez Morales, Jesús Antonio Camacho Moscoso y Miguel Alejandro Llaven Ramírez (este último que aparece en nómina como Profesor de Tiempo Completo) quienes promueven “recursos”, a todas luces improcedentes, pero que son tomados para declarar insubsistencias.
SUTUNICH vive la violencia de Estado, única vía que conoce el Secretario de Gubernatura, Ramón Guzmán Leyva, quien a través del despido injustificado quiere mantener fuera de su centro de trabajo a 100 trabajadores y dejar sin sustento a sus familias.
Insistimos: la falta de transparencia y la represión policiaca y militar nunca serán la salida para solucionar los problemas laborales en las Universidades Públicas, por lo que pedimos.
