El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha decidido declararse culpable como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que le permitirá salir en libertad y volver a su Australia natal tras pasar cinco años en una prisión británica. Assange, de 52 años, se declara culpable de un cargo de violación de la Ley de Espionaje por su papel en la obtención y publicación de documentos militares y diplomáticos clasificados en 2010, según los registros judiciales. Con ese acuerdo, que debe ser ratificado este miércoles, se pone fin a un largo culebrón legal. “Julian Assange está libre”, ha tuiteado Wikileaks.
Un documento presentado ante el tribunal de la remota Saipán, capital de las Islas Marianas del Norte, en el Océano Pacífico, ya con fecha del martes 25 de junio, sostiene que Assange “conspiró a sabiendas e ilegalmente” para “recibir y obtener documentos relacionados con la defensa nacional” y “comunicar” esa información a personas que no tenían derecho a recibirlos”. Una carta del Departamento de Justicia registrada ante ese mismo tribunal señala: “Anticipamos que el acusado se declarará culpable (…) de conspirar para obtener y diseminar ilegalmente información clasificada relacionada con la defensa nacional de los Estados Unidos (…) y será sentenciado por el Tribunal por ese delito”.
En esa misma carta se señala que Assange comparecerá este miércoles a las 9.00 de la mañana, hora local (1.00 de la madrugada en la España peninsular), ante la jueza Ramona Villagómez Manglona, que se ha hecho cargo del caso apresuradamente. Según el Departamento de Justicia, el acusado rechazaba comparecer ante un juzgado del territorio continental de Estados Unidos. Esas islas están más cerca de Australia, hacia donde las autoridades estadounidenses prevén que se dirija Assange tras quedar en libertad, siempre según los documentos judiciales.
El delito por el que Assange se declara culpable conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, pero se espera que el acusado comparezca ante ese tribunal y sea condenado a cinco años, que se darían por cumplidos con el tiempo pasado en la prisión británica, lo que significa que quedaría en libertad.
Antes de este acuerdo, el Gobierno de Estados Unidos acusaba a Assange de 17 delitos contra la Ley de Espionaje y uno por intromisión en un ordenador. El editor australiano se enfrentaba a una pena máxima de 170 años de prisión, principalmente por la filtración de más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense en noviembre de 2010. EL PAÍS fue uno de los medios que participó en ese esfuerzo concertado de publicación de estos papeles.
Cinco años en prisión
Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres en 2012 y se le concedió asilo político después de que los tribunales de Inglaterra dictaminaran que debía ser extraditado a Suecia en el marco de una investigación por violación en el país escandinavo. Durante su estancia en la embajada tuvo dos hijos con Stella Assange, su actual cónyuge. Fue detenido por la policía británica en abril de 2019 después de que el Gobierno de Ecuador le retirara el estatus de asilado. Suecia acabó retirando la investigación por delitos sexuales, pero ha permanecido cinco años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, batallando contra la extradición a Estados Unidos. Este lunes ha salido de la prisión y emprendido el viaje hacia Islas Marianas.
“Julian Assange está libre. Abandonó la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en la mañana del 24 de junio, tras haber pasado allí 1901 días. El Tribunal Superior de Londres le concedió la libertad bajo fianza y fue puesto en libertad en el aeropuerto de Stansted por la tarde, donde embarcó en un avión y partió del Reino Unido”, ha tuiteado Wikileaks. “Tras más de cinco años en una celda de 2×3 metros, aislado 23 horas al día, pronto se reunirá con su esposa, Stella Assange, y sus hijos, que solo han conocido a su padre entre rejas”, ha añadido la organización.
El proceso de extradición se encontraba en punto muerto, pendiente de un recurso de Assange. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en Londres consideraban insuficientes las garantías de Washington de que el cofundador de Wikileaks recibiría un juicio justo si era enviado a Estados Unidos. El mes pasado, Assange obtuvo el derecho a recurrir la orden de extradición después de que sus abogados argumentaran que el Gobierno estadounidense había dado garantías “manifiestamente inadecuadas” de que el imputado gozaría de las mismas protecciones a la libertad de expresión que un ciudadano estadounidense si era extraditado desde Gran Bretaña.
Assange sostenía que la publicación de los documentos confidenciales era un asunto de interés público y que le protegía la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que ampara la libertad de expresión. “Wikileaks publicó historias revolucionarias sobre corrupción gubernamental y abusos contra los derechos humanos, responsabilizando a los poderosos de sus actos. Como director, Julian pagó duramente por estos principios y por el derecho de la gente a saber”, ha indicado este lunes Wikileaks. Washington, sin embargo, sostenía que la filtración puso en peligro a fuentes, ciudadanos y la seguridad nacional con documentos que perjudicaban a Estados Unidos y sus aliados y ayudaban a sus adversarios.
Condena a Manning
La acusación del Departamento de Justicia de 2019 imputaba a Assange por alentar y ayudar a la analista de inteligencia del Ejército estadounidense Chelsea Manning a robar los cables diplomáticos y archivos militares que Wikileaks publicó en 2010. Manning fue condenada a 35 años de prisión tras ser declarada culpable de violar la Ley de Espionaje y otros delitos por filtrar los documentos clasificados a WikiLeaks. El presidente Barack Obama conmutó su pena en 2017, permitiendo su liberación tras unos siete años entre rejas.
Mientras que el Gobierno de Obama no llegó a presentar cargos contra Assange, el fiscal general Jeff Sessions, nombrado por Donald Trump, convirtió la extradición del australiano en una prioridad. Eso, a pesar de que Wikileaks publicó en 2016 correos electrónicos demócratas comprometedores que, según los fiscales, fueron robados por agentes de inteligencia rusos. Nunca fue acusado en la investigación sobre Rusia del fiscal especial Robert Mueller, pero la investigación dejó al descubierto el papel que desempeñó la operación de pirateo en la interferencia en las elecciones de ese año en nombre del entonces candidato republicano Donald Trump.
La acusación contra Assange fue criticada por sus partidarios y por los defensores de la libertad de prensa. Los fiscales federales defendieron que su conducta iba mucho más allá de la de un periodista que recaba información, y que equivalía a un intento de solicitar, robar y publicar indiscriminadamente documentos clasificados.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció en abril pasado que Estados Unidos se planteaba aceptar una petición de Australia para poner fin al proceso legal contra Julian Assange. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, apoyó en febrero una moción en la Cámara baja de su país que reclamaba el regreso de Assange.
Wikileaks atribuye el desenlace final a una campaña mundial que abarcó a organizadores de base, defensores de la libertad de prensa, legisladores y dirigentes de todo el espectro político, hasta llegar a las Naciones Unidas. “Esto creó el espacio para un largo periodo de negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que desembocó en un acuerdo que aún no se ha cerrado formalmente”, indica. “La libertad de Julian es nuestra libertad”, concluye.
(Con información de El País)
