En un hecho inédito, el virtual ganador de los Estados Unidos, Donald J. Trump, se vio beneficiado con la elección pese a ser oficialmente un delincuente condenado.
En mayo del 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de 34 cargos de operaciones fraudulentas para encubrir los pagos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels durante la campaña de 2016.
Además, Trump enfrenta acusaciones formales a nivel federal en dos procesos penales relacionados con los intentos para impedir la toma de posesión de su sucesor en el cargo y la rebelión en el capitolio.
Además, la sustracción de documentos clasificados encontrados en Mar-A-Lago. Y a ello se suma un proceso más por un fraude electoral en Atlanta.
¿Impedirá alguno de esos casos que el republicano asuma su segundo mandato?
La respuesta es no. La Corte Suprema ya ha establecido que los presidentes gozan de cierto grado de inmunidad, a lo que se suma la política del Departamento de Justicia de no imputar acciones penales contra mandatarios en funciones.
El elemento principal: la capacidad que ha adquirido Trump de acabar el mismo con los procesos federales a través de dos vías: el despido inmediato del fiscal especial responsable de los casos o, de ultima instancia, aplicarse el mismo su capacidad de indulto.
Fuentes del equipo del próximo presidente confirmaron que se echará mano de todas las vías legales a su alcance para que esto ocurra.
Casos, estrategia política en su contra: Trump
A lo largo de su campaña, Trump insistió en que todos estos casos eran una estrategia política en su contra, en la que se había manipulado el sistema de justicia para tratar de frenar sus posibilidades de ser candidato y a la postre de competir en la contienda por la presidencia.
Incluso, Trump advirtió que de resultar electo una de las primeras acciones que tomaría al llegar a la Oficina Oval es ordenar el despido inmediato del fiscal Smith del puesto. “Voy a despedirlo en dos segundos (en cuanto asuma el cargo) … se trata de una persona corrupta”, señaló Trump.
Un año antes, en noviembre de 2023, el hoy virtual ganador aseguró que tanto Smith como el equipo de asesores y fiscales que han impulsado los cargos en su contra terminarían en una “institución mental”, pues consideró que tenían una “obsesión enferma” hacia su persona.
La ruta: retrasos y absolución
De todos los procesos penales iniciados en los últimos años en contra de Trump, el más avanzado es el del esquema de pagos ilegales a la actriz Stormy Daniels, en el marco del proceso electo al del 2026.
En este caso, que fue impulsado por la fiscalía de Nueva York, ya hubo una acusación, juicio y veredicto de culpabilidad unánime por todos los cargos.
El 26 de noviembre está citado en Nueva York para la audiencia en la que el juez responsable del caso, Juan Merchan, impondrá a Trump la condena por este caso, la cual puede alcanzar un máximo de cuatro años de cárcel.
Sin embargo, ahora el juez deberá valorar la situación política en la que se encuentra Trump, quien por mandato popular debe ocupar la presidencia.
En ese contexto, en el equipo legal de Trump se espera una pena que no implique la privación ilegal de la libertad.
En cualquier caso, los voceros de Trump confirmaron que se procederá con la presentación de una serie de apelaciones con dos rutas: refutar la eventual sentencia que imponga Merchan y, dos, que el tema se mueve a una corte Federal, lo que generaría complicaciones burocráticas que podrían alargar el tema por años.
Por lo que respecta a los casos federales, Trump tiene dos acusaciones formales presentadas. Una de ellas es por las presuntas operaciones que encabezó para difundir falsos señalamientos sobre fraude en el proceso electoral de 2020 con la finalidad de impedir la transición de poder hacia Joe Biden. Hechos que derivaron en las revueltas del Capitolio ocurridas el 6 de enero de 2021.
El otro caso es por la extracción ilegal de documentos clasificados de la Casa Blanca que el FBI encontró en un operativo de cateo realizado en la residencia de Mar-A-Lago.
Por ese tema, el fiscal Smith presentó cargos ante una Corte de Florida que derivaron en un caso que actualmente se dirime en apelaciones.
A través de diversos recursos, los abogados de Trump consiguieron alargar estos procesos federales en los tribunales con el objetivo de que no pudieran ser procesados antes de que el candidato republicano se convirtiera en virtual presidente electo.
Con esta última misión cumplida el republicano cuenta ahora con varias rutas para liquidar por su cuenta sus casos.
Una de ellas es la que ya ha anunciado desde principios de año, y tiene que ver con el despido de los fiscales. La otra es echar mano de la capacidad de indulto para cargos federales con el que cuenta cualquier presidente, aunque sería la primera vez que un mandatario lo aplica para si mismo.
Fiscal analiza rendición
El fiscal especial Jack Smith, quien por meses impulsó los procesos federales en contra de Trump, comenzó a trabajar desde ayer en el estudio de las rutas legales que pueden implementarse para retirar por su propia cuenta los cargos criminales impulsados en contra del ahora virtual ganador.
De acuerdo con informaciones difundidas en algunos medios de los Estados Unidos, Smith y su quipo buscan que los cargos queden desactivados antes de enero de 2025 cuando ocurra la transición de la administración federal.
El argumento es salvar el conflicto de interés en el que se vería envuelto el Departamento de Justicia que si bien goza de autonomía operativa pertenece a la administración federal que encabezará Trump.
El problema para Smith es que cualquier desistimiento deberá ser justificado en la Corte y no existen antecedentes sobre cómo podría operar en esta circunstancia inédita en que se encuentra ahora los Estados Unidos, con un delincuente condenado que está a punto de convertirse en presidente.
(Con información de Milenio)
