La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un plan nacional de seguridad que buscará fortalecer la investigación y la inteligencia para reducir delitos de alto impacto pero que seguirá apostando a las mismas estrategias de su antecesor, que dejó la seguridad pública en manos de los militares y no confrontó con los poderosos cárteles de la droga.
El momento que eligió Sheinbaum para exponer su estrategia no es el más oportuno. El brutal asesinato de un alcalde en el sur del país y la ola de violencia que ha recrudecido en los estados de Sinaloa y Guanajuato —donde en la última semana han fallecido más de una veintena de personas— muestran cómo pese a la fuerte presencia de militares en las calles no se ha logrado contener la criminalidad.
Durante su conferencia de prensa matutina Sheinbaum delineó los cuatro ejes de su plan de seguridad: la atención de las causas de la violencia a través de programas sociales para evitar que los jóvenes sean captados por la delincuencia, la consolidación de la Guardia Nacional bajo el mando del ejército, la creación de un sistema nacional de inteligencia e investigación y el trabajo coordinado entre el gobierno federal, los estados, municipios y el Ministerio Público.
Sheinbaum ratificó que mantendrá las políticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador de impulso a los programas sociales para los jóvenes y de no confrontación con los cárteles, que controlan vastas regiones del país y que han sumido en la violencia a algunas ciudades como Culiacán, capital del estado norteño de Sinaloa, donde se ha desatado en el último mes una sangrienta disputa entre dos facciones del Cártel de Sinaloa tras la detención de dos de sus capos.
Al referirse a la situación de Culiacán, Sheinbaum reiteró las críticas a Estados Unidos por no haber aportado información sobre la detención en julio en Texas del histórico líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, y anunció que el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunirá con el embajador estadounidense Ken Salazar para hablar del caso.
Desde septiembre el bando liderado por “Los Chapitos”, que integran los hijos del exlíder detenido de la organización Joaquín “El Chapo” Guzmán, se han enfrentado a los seguidores de Zambada.
Los choques se dieron varias semanas después del arresto del histórico capo que fue apresado junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, quien presuntamente le tendió una trampa a Zambada y lo secuestró para llevarlo a Texas en una operación que aún tiene muchos interrogantes.
Como parte de las nuevas políticas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que se creará un sistema nacional de investigación e inteligencia que unificará las capacidades de investigación de todas las instituciones de seguridad del país.
Al defender la iniciativa García Harfuch, un expolicía federal que dirigió por casi cuatro años la seguridad en la capital mexicana, expresó que el nuevo sistema de inteligencia permitirá “desarrollar estrategias más efectivas para combatir a las organizaciones delictivas”.
Aunque el nuevo secretario de Seguridad federal ha asegurado que habrá coordinación entre las fuerzas policiales, la Guardia Nacional y los militares, algunos analistas han manifestado dudas de que eso pueda concretarse.
Otras de las apuestas del gobierno de Sheinbaum es la Guardia Nacional, un cuerpo que creó López Obrador en 2019 para reemplazar a la desaparecida policía federal y que desde este mes pasó formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) luego de estar por años bajo control civil.
A pesar de contar con unos 130 mil agentes la Guardia Nacional no ha tenido mayor incidencia en el combate a la violencia, lo que algunos especialistas atribuyen a que el cuerpo sólo se ha dedicado a actividades disuasivas y al control de los migrantes y no investiga ni enfrenta directamente a las células criminales.
Analistas y opositores alabaron la decisión de Sheinbaum de fortalecer las tareas de inteligencia, pero objetaron que preserve las políticas de López Obrador.
“Lo que va a ser es la continuidad de la estrategia de militarización” de la seguridad pública, afirmó el analista de seguridad mexicano David Saucedo. “También continuarán los programas sociales para tratar de evitar que los jóvenes sean reclutados por el crimen organizado”, agregó.
Mike Vigil, exjefe de operaciones exteriores de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA, dijo que el nuevo plan parece ser “más de lo mismo”.
Por su parte, el senador opositor Clemente Castañeda lamentó que la mandataria reedite los programas sociales de López Obrador y recordó que “eso no obtuvo resultados”. Castañeda afirmó en una entrevista en una radio local que una de las debilidades del plan de seguridad es la desatención de las policías estatales y municipales.
En un país que el año pasado cerró con un registro de alrededor de 30.000 asesinatos, consolidando la tendencia de los últimos años, pareciera muy cuesta arriba que se pueda resolver en el mediano plazo la problemática de la violencia.
(Con información de Proceso)
