La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó al Congreso de la Unión no aprobar la iniciativa de reforma eléctrica, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El regulador autónomo advirtió que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética, renuncia de manera tajante al modelo de competencia en la generación y suministro de electricidad, al sustituirlo por un modelo industrial verticalmente integrado y operado por un monopolio estatal no regulado, el cual ha sido abandonado en muchos países por su ineficiencia, incapacidad de atender la demanda, altos costos e impacto negativo en las finanzas públicas.
Este lunes, en una misiva dirigida a la mesa directiva de ambas Cámaras, conforme a sus atribuciones, el Pleno de la Cofece reiteró la necesidad de un modelo eléctrico basado en la competencia, acompañado de los elementos de regulación.
“La aprobación de la iniciativa suprimiría la competencia en el sector y eliminaría los mecanismos de regulación que permiten su desarrollo eficiente”, expuso el regulador en competencia económica; “el cambio de modelo afectaría a consumidores y empresas mexicanas por tarifas de electricidad más caras, también podría lastimar las finanzas públicas debido al uso ineficiente de recursos y a la aplicación de subsidios”.
? #ComunicadoCofece Por los riesgos de afectación a consumidores y empresas, la #Cofece recomienda no aprobar la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica ?.
— COFECE (@cofecemx) March 7, 2022
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Según la Cofece, el modelo propuesto en la iniciativa representa un retroceso en contra del bienestar social, ya que de aprobarse implicaría: instaurar un monopolio en toda la cadena de valor del sector, es decir, en la generación, transmisión, distribución y abasto (comercialización) de electricidad.
Además, crearía un monopsonio (único comprador) en la compra de electricidad que, en su caso, realice la Comisión Federal de Electricidad (CFE); también impone el riesgo de desmantelar el marco institucional que tutela el interés público, trasladando indebidamente a la CFE las tareas regulatorias y de política pública, incluyendo el control y la planeación del sistema eléctrico, así como la determinación de tarifas.
Y con su aprobación se eliminan distintos mecanismos que persiguen objetivos fundamentales, como velar por la confiabilidad del sistema, diversificar la matriz de generación, procurar la equidad entre los participantes, aplicar regulación neutral y técnica, mejorar el servicio y motivar inversiones en tecnologías de generación más eficientes y limpias, expuso la Cofece.
“Más aún, en la propuesta no se advierten mecanismos para asegurar que la electricidad generada (tanto por la CFE y, en su caso, por privados) y despachada en el sistema sea la menos costosa”, denunció.
Por el contrario, un cambio como el que se propone retrasaría la salida del mercado de las centrales de generación más viejas, contaminantes e ineficientes; asimismo desincentivaría la instalación de nuevos proyectos que pudieran operar con tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente.
Finalmente, la Cofece alertó que la iniciativa contempla la cancelación de todos los permisos de generación y contratos de compraventa de electricidad vigentes con el sector privado, lo que necesariamente se traduciría en una restricción de la oferta, inutilización de activos y en mayores desincentivos a la inversión. Si bien la Iniciativa prevé que los privados podrán generar “hasta” el 46% de la energía requerida por el país, esta generación sería únicamente para venta a la CFE y en los umbrales, términos y condiciones —aún desconocidos— que esta última determine, lo que la convierte en un monopsonio en la compra de energía eléctrica y con ello le permite monopolizar toda la cadena de valor.
“La Cofece reitera que es fundamental hacer todos los esfuerzos para mantener y desarrollar un sector eléctrico competitivo, eficiente, sustentable y seguro, pues de ello depende el desempeño del resto de los sectores económicos y la prosperidad del país. La iniciativa no contribuye a ese propósito, entre otras cosas, por renunciar a la competencia y a una regulación que proteja el funcionamiento eficiente de los mercados”, planteó el regulador.
(Con información de El Economista)
