Genaro García Luna pagó a El Universal una mensualidad de 25 millones de pesos para obtener una cobertura favorable de su gestión como Secretario de Seguridad Pública. Así lo declaró este lunes Héctor Javier Villarreal, secretario de Finanzas de Coahuila en el Gobierno de Humberto Moreira (2005-2011), en el juicio contra el exfuncionario en Nueva York. Villarreal detalló que Moreira sirvió como intermediario entre el acusado y Juan Francisco Ealy Ortiz, el dueño del periódico, uno de los de mayor tiraje en el país. “El acuerdo eran 25 millones de pesos mensuales para apoyarlo”, dijo el testigo.
Villarreal, que fue secretario estatal de Finanzas de 2008 a 2010, dijo que cuando estaba en el cargo estuvo en una reunión con Moreira y García Luna, aunque no precisó cuándo fue. “García Luna le comentó al gobernador Moreira que necesitaba su apoyo, que si conocía a alguien en El Universal”, contó el testigo. “Humberto Moreira le dijo que era muy amigo del dueño del periódico, que si necesitaba cualquier cosa, le avisara”, agregó.
Villarreal es el primer exfuncionario mexicano en declarar en el juicio. García Luna enfrenta tres cargos por tráfico de cocaína, otro por delincuencia organizada y uno más por dar declaraciones falsas. Desde las audiencias previas, la Fiscalía lo había señalado de dar sobornos a medios favorables y amenazar a periodistas que lo criticaban.
Siempre según su testimonio, García Luna estaba preocupado porque circulaba en medios el rumor de que había secuestrado por miembros de un cartel, un episodio que ha recibido atención durante el juicio y que supuestamente sucedió a manos de la gente de Arturo Beltrán Leyva. “García Luna le preguntó que si había alguna forma de que lo pudiera acercar [a Ealy Ortiz], para decirle que nada de esto era real”, narró Villarreal. “Sin ningún problema”, recordó el declarante sobre las palabras de su jefe. “¿Cuál era la relación entre el señor Ealy Ortiz y el señor Moreira?”, le preguntó la fiscal adjunta Erin Reid. “Era su compadre”, contestó. En el juicio se mostró una foto de una fiesta de Ealy Ortiz con Moreira y que el dueño de El Universal era padrino del nieto del exgobernador.
Con la supuesta intermediación de Moreira, García Luna y la gente del periódico pactaron que se diera una cobertura favorable, en la que se destacaran los logros de la Secretaría de Seguridad Pública y se limpiara la imagen de su titular, dijo el testigo. El encargado de hacer los pagos era Sergio Montaño, un oficial mayor y un hombre cercano al entonces secretario, según el testimonio. “Fuimos directamente a El Universal para cerrar el acuerdo”, señaló Villarreal. En esa primera reunión se entregó dinero en efectivo para hacer el pacto, comentó el exfuncionario. “[Montaño] llevaba una maleta pequeña con el efectivo y dijo que el resto estaba en la camioneta en la que viajamos”, relató.
Villarreal dijo que Montaño le pidió en una ocasión que hiciera el pago al diario con dinero del Gobierno de Coahuila. El testigo levantó la factura con la mano derecha en el tribunal de Brooklyn y leyó los datos más relevantes de la orden de pago, con El Universal como beneficiario. La factura se emitió el 24 de junio de 2009, bajo el concepto “Publicidad de campaña de rescate al turismo” y no tenía folio. El monto era por 11,5 millones de pesos, 10 millones de pesos como supuesto pago irregular más un millón y medio de pesos por impuestos. “Me imagino que fue un favor, pagar lo que les faltaba [ese mes]”, explicó el testigo. El dinero salió de la Secretaría de Finanzas, comentó.
Villarreal dijo que el procedimiento normal de las cuentas por pagar del Gobierno de Coahuila era emitir una factura con folio, después escanearla, archivarla y subirla a un sistema de pagos. Pero admitió que cuando se hacían desvíos o pagos con sobrecostos, no se subía esa información al sistema. “Elaborar sin folio, gracias”, se leía en un post it, una nota pegada sobre la factura que mostró en la sala. El testimonio es una de las pocas veces en las que uno de los participantes en el esquema que investigaron las autoridades estadounidenses lo ha descrito en público.
“Todos los pagos que no tenían consistencia los guardé en una caja”, reconoció el testigo. “Todo lo que pensé que podía dañar al gobernador”, agregó. El extesorero se entregó en febrero de 2014 en Texas, un día después de ser liberado bajo fianza por las autoridades mexicanas. Estuvo bajo custodia de las autoridades estadounidenses durante ocho meses, dijo. “Cuando vine aquí a Estados Unidos traje todas esas facturas y un servidor”, relató el declarante. Aunque el nombre de García Luna no aparece en la orden de pago, la factura emitida por el Gobierno de Coahuila es una de las pruebas documentales más importantes que ha logrado presentar la Fiscalía en el proceso judicial.
Villarreal dio a entender que la relación entre Moreira y García Luna era cercana, más allá de que algunas personas cercanas al exgobernador recuerdan que eran distantes. Contó, por ejemplo, que participó en un tour con su jefe y el exsecretario en un centro de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública en Ciudad de México. El acusado les mostró como funcionaba el software espía Pegasus y se lo ofreció al Gobierno de Coahuila, afirmó el testigo. La compra, sin embargo, no se concretó. Las autoridades estatales tenían miedo de ser espiados por sus contrapartes federales, justificó el declarante. El Gobierno de Coahuila buscaba obtener partidas presupuestales de la Secretaría Seguridad Pública federal para las corporaciones estatales.
El testigo también contó que hubo una vez en la que acompañó al gobernador Moreira a la casa de García Luna en Morelos. “Era una casa tipo hacienda, una casa muy grande”, recordó Villarreal. “El licenciado García Luna iba a darle un ride en helicóptero [a Moreira] e iba a hablar con él”, dijo sobre ese encuentro. En una de las reuniones, en una casa en la lujosa zona de Santa Fe en 2010, se llegó a tocar el tema de los pagos a los medios de comunicación, comentó el testigo. “Le comentó al profesor Humberto que todo iba bien, que todo estaba funcionando correctamente”, aseguró. En un punto del interrogatorio, García Luna se volteó, miró a su esposa y arqueó las cejas, como si le dijera: “¿Cómo ves lo que está diciendo?”.
Los abogados de García Luna intentaron desde el pasado fin de semana bloquear la parte del testimonio de Villarreal que mencionaba el pago de sobornos a El Universal. El juez Brian Cogan había dado la razón a la defensa y había dicho que no iba a permitir que el testigo hablara sobre ese punto, aunque después rectificó. El juez dijo que iba a aceptarlo si la Fiscalía podía hacer que el declarante declarara sobre un episodio en específico en el que se entregara dinero. Cogan dijo que no iba a permitir que se tocara el asunto de los sobornos a la prensa con “generalidades”. Está por verse si hay otras personas llamadas a declarar sobre este punto y que puedan dar detalles sobre el pago de sobornos en específico.
Villarreal dijo que el Gobierno de Moreira adquirió varios medios de comunicación y pagó sobornos a periodistas para recibir una cobertura favorable, aunque no señaló de cuáles se trataba. “A parte de que servía para tener una mejor imagen”, explicó el exfuncionario, “también era una forma de apoyar o perjudicar a alguien, hacer que se viera mejor o dañar su imagen”. “Se hicieron muchísimos pagos por coberturas, no solo en Coahuila, sino también a nivel federal”, agregó.
En marzo de 2011, dos meses después de dejar el cargo de gobernador, Moreira se convirtió en líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su secretario de Finanzas, que ya se ha declarado culpable y está en libertad condicional a la espera de ser sentenciado, describió un esquema corrupto en el que se inflaban los pagos de obra pública del Gobierno de Coahuila y después se cobraba a los constructores una comisión ilegal. Dijo que él había ganado 2,5 millones de dólares gracias a ese esquema y que el gobernador Moreira, unos 40 millones de dólares. Moreira ha sostenido su inocencia desde entonces y ha acusado ser víctima de una “campaña de difamación”.
Después de Villarreal fue el turno de Anthony Wayne, embajador de EE UU en México entre 2011 y 2015. Wayne dijo que se reunió en varias ocasiones con el acusado y que en varios encuentros estuvieron presentes Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, coacusados del caso. Se interpreta como un intento de la Fiscalía de restar fuerza a la estrategia de la defensa de presentar ante el jurado fotos de su cliente con altos cargos estadounidenses como el expresidente Barack Obama y la excandidata presidencial Hillary Clinton. Su participación fue breve. Está previsto que las próximas audiencias continúen con nuevos testigos. También se anunció que de manera excepcional el jueves no habrá sesión.
(Con información de El País)
