25 de noviembre de 2024

Rosario Robles afirma desde la cárcel que la Fiscalía le pidió que acusara a Peña Nieto y a Videgaray

Apenas una semana después de que un juez confirmase que Rosario Robles seguirá en prisión, la exsecretaria de Estado de Enrique Peña Nieto ha decidido tomar la palabra. Mediante una rueda de entrevistas a distintos medios mexicanos, Robles ha vuelto a calificar su caso como “una venganza política” y ha afirmado que durante las negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) estuvo sobre la mesa la oferta de que inculpara a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray a cambio de beneficios en su juicio. Robles cumplió en agosto dos años de prisión preventiva, el máximo que establece la ley, por la trama de desvíos millonarios conocida como La Estafa Maestra.

A pesar de que su defensa había logrado un amparo para la revisión de la medida cautelar, un juez del Reclusorio Sur de la Ciudad de México negó el miércoles pasado que la exsecretaria pudiera defenderse en libertad porque existe un “elevado riesgo de fuga”. Robles ha explicado este jueves que el juez entendió fundado ese riesgo por una leve contradicción en sus declaraciones: “Dijo que lo que acreditaba el riesgo de fuga es que yo había dicho antes que había ido a un viaje de estudio y luego dije que de placer”.

La que fuera titular de dos carteras recordó que el inicio de su caso es una investigación periodística e incidió en que se siente una presa política “del régimen”. “Contra mí se ha descargado todo el poder de un Estado”, ha añadido en una entrevista a El Universal desde la prisión de Santa Martha Acatitla. La llamada Estafa Maestra fue una red destapada por una investigación periodística en la última etapa del mandato de Peña Nieto. El trabajo de un grupo de reporteros de Animal Político detalló la arquitectura de desvíos de fondos públicos principalmente a través de Pemex y el Banco Nacional de Obras. El fraude involucra a decenas de dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social, que estuvo dirigida por Robles entre 2012 y 2015.

En el arranque el caso, las acusaciones en su contra partieron del delito de cohecho y se rebajaron finalmente al de omisión en el ejercicio de su cargo. La defensa de la exfuncionaria ha tratado de presentarla como un chivo expiatorio frente a una figura como Lozoya. El principal acusado en la derivada de mexicana del caso Odebrecht está acusado de recibir sobornos millonarios pero no ha pisado la cárcel gracias a un acuerdo con la FGR que lo ha convertido en una suerte de testigo/colaborador protegido.

Robles también se ha referido a la comparación con su antiguo compañero de partido: “El mensaje que el juez está queriendo dar y que le da al país es que necesitamos ser prófugos, que nos traigan, que tengamos cuentas millonarias personales y de nuestras familias, nuestras hermanas, nuestra madre, nuestras esposas, ser un delincuente confeso y estar tranquilamente en la calle”. La estrategia de Lozoya para lograr los beneficios en su caso ha sido culpar a lo más alto de la pirámide. Algo que Robles ha afirmado que también le ofrecieron a ella. “Hubo una propuesta, me pedían concretamente que incriminara a personalidades del Gobierno anterior. Yo por supuesto no estoy dispuesta a incriminar a nadie en situaciones que son absolutamente falsas”, afirmó en relación a Videgaray y Peña Nieto.

La investigación en la que está involucrada Robles, que estuvo estancada durante meses, ha pasado por varios giros de guion: de las negociaciones entre la exfuncionaria y la FGR -que en caso de concretarse su liberación hubiera podido ejecutar otra orden de aprehensión por lavado de dinero- a una oferta que estuvo a punto de resolver el expediente. La política ofreció el pasado mes de marzo declararse parcialmente culpable por un fraude que, en su conjunto, supuso el desfalco de más de 400 millones de dólares a cambio de una reducción de pena, de 21 a seis años. Pero días después modificó su versión, se declaró inocente y decidió afrontar el juicio.

(Con información de el País)

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