Mujeres indígenas de Chiapas celebraron la aprobación de una reforma que reconoce con mayor claridad su derecho a heredar bienes, tierras y patrimonio familiar. El Congreso local avaló cambios al artículo 33 de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas con 37 votos a favor, una decisión que busca cerrar una brecha histórica en comunidades donde la voz de las mujeres ha sido limitada en decisiones familiares y comunitarias.
La modificación fue impulsada por la diputada Wendy Arlet y fue recibida por mujeres indígenas como un avance concreto frente a prácticas que durante años las dejaron fuera de herencias, terrenos o decisiones sobre propiedad. En testimonios recogidos por medios locales, señalaron que las mujeres también trabajan, cuidan hogares, sostienen familias y participan en la vida comunitaria, pero muchas veces ese esfuerzo no se reconoce con derechos patrimoniales.
Una reforma con impacto comunitario
En Chiapas, la tierra tiene un valor económico, cultural y familiar. Heredar no solo significa recibir un bien; también puede definir seguridad, arraigo, autonomía y capacidad de decidir sobre el futuro. Cuando las mujeres quedan fuera, aumenta su dependencia y se limita su participación en asuntos comunitarios.
El cambio legal no elimina por sí solo las resistencias culturales, pero sí ofrece una herramienta para que mujeres indígenas reclamen igualdad ante autoridades locales, familias y asambleas. También obliga a que instituciones públicas acompañen el proceso con información en lenguas originarias, asesoría jurídica y mecanismos de denuncia.
El reto será aplicar la ley
La reforma abre una puerta, pero su efectividad dependerá de la implementación. Muchas mujeres no acuden a tribunales por distancia, costo, idioma o temor a conflictos familiares. Por eso, el seguimiento debe llegar a municipios y comunidades, no quedarse en el Congreso.
Para Chiapas, la medida tiene relevancia social amplia: fortalece derechos de mujeres, reconoce su trabajo y coloca el tema de la herencia en una conversación pública que antes se resolvía casi siempre en espacios dominados por hombres. Si se aplica con seriedad, puede convertirse en un precedente para otras entidades con población indígena.
El desafío también será comunitario. En muchos casos, la distribución de bienes se decide en familia o asamblea antes de llegar a una autoridad formal. Por eso, la reforma necesita acompañarse de campañas de información, participación de autoridades tradicionales y capacitación a funcionarios municipales. Sin ese trabajo territorial, el derecho puede existir en papel pero seguir limitado en la práctica.
La discusión además visibiliza una realidad frecuente: muchas mujeres sostienen la economía del hogar, administran parcelas, cuidan animales y participan en actividades productivas, pero no siempre aparecen como titulares de bienes. Reconocer su derecho a heredar también implica reconocer su aporte económico y social dentro de las comunidades.
Fuentes: Alerta Chiapas, Congreso de Chiapas.
