En octubre podría estar lista la nueva ley general de comunicación donde se pretende frenar el uso de los medios de comunicación y de la publicidad oficial como control político, informó Mario Delgado, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara baja.
Delgado delineó los seis ejes que tendría la nueva norma: derecho a la información, derecho a la libre expresión y participación ciudadana, democratización de la información, fijar un tope a la inversión del gobierno en comunicación, promover medios comunitarios y municipales y establecer una estrategia de internet como acceso a la información.
El diputado morenista consideró urgente hacer una nueva ley porque “este concepto del Estado que utiliza la propaganda política para tratar de mantener un equilibrio político o la falta de resultados, pues creo que ya no funciona, entonces eso tiene que adecuarse a la ley, no requerimos un gobierno ni un estado que utilice la propaganda oficial como medio de control político, ese tiempo… me parece que ese modelo de comunicación creo que ya quedó atrás el primero de julio”.
Durante el foro, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, dijo que el gobierno de López Obrador busca incluir un nuevo modelo de comunicación política que cumpla con una antigua demanda de la sociedad: “Democratizar realmente el sistema de medios de comunicación en el país”.
“(Hay que detener) el despilfarro del presupuesto público dedicado a la publicidad de los gobernantes. Tan sólo en este sexenio que termina, se destinaron más de 50 mil millones de pesos de dinero público a la promoción el gobierno y del presidente de la República, más lo que debemos de sumar de los cientos de millones de pesos que gobernadores de todos los signos partidistas destinaron a los medios”, justificó.
La morenista dijo que ni un peso de lo destinado a comunicación sirvió para enmendar la mala imagen del gobierno actual. Tampoco para mejorar las condiciones laborales de los reporteros.
“Los reporteros de todos los medios se convirtieron a reporteros multimedia por el mismo pago y nunca como en estos últimos diez años la situación ha sido tan peligrosa para los periodistas mexicanos”, afirmó.
Padierna destacó que la distribución de recursos se realizó de manera discrecional “sin autentica fiscalización y como un intercambio de favores que dejaron al margen a la propiedad sociedad y a otros medios de comunicación, ciudadanos, críticos o con audiencia”.
La diputada dio cifras: 36% de los recursos públicos en comunicación social se destinaron a televisión; 17.2 % a internet; 1.2 % a medios internacionales, “y un sospechoso rubro llamado ‘otros servicios’ recibió el 22.5 %.
“Este rubro recibió 2 mil 400 millones de pesos para producción, servicios publicitarios, algo llamado ‘producto integrado’ que no es otra cosa que la propaganda vendida como información, algo que está expresamente prohibido en el apartado B del artículo 6 constitucional”, sostuvo.
Dicha prohibición se pasó por alto en este sexenio de manera abierta pues no existe una ley secundaria o una Ley General de Comunicación Social que establezca la restricción de esta práctica, elimine la discrecionalidad en el gasto de la publicidad oficial y privilegie los intereses del derecho a la información y la libertad de expresión de la ciudadanía, añadió Padierna.
Sin tregua a la crítica, la diputada acusó: “los que hoy tenemos es un sistema de control político y presupuestal del gobierno sobre los medios de comunicación en una simbiosis que ha afectado tanto la credibilidad de muchos medios que son visto como cajas de resonancia de la versión oficial, como la credibilidad y el mensaje gubernamental”.
El exceso de dinero a los medios privados empobreció el sistema de medios públicos que apenas recibió el 1 por ciento de lo que se dio a los medios privados, es decir, apenas 220.2 millones de pesos, detalló.
Jesús Ramírez, próximo encargado de comunicación social del gobierno federal, dijo que tema de la publicidad, los derechos laborales y la seguridad y el mecanismo de protección para los periodistas, serán partes que se deberán abordar durante la elaboración de la nueva ley.
Ante la preocupación de los cambios en las áreas de comunicación gubernamental y posible recorte, aclaró que “no se va a afectar a ningún trabajador de base del gobierno en las áreas de comunicación y en todo caso si no hay materia de trabajo se va a reasignar a otras áreas, pero no se va a afectar a los trabajadores”.
Por lo que se refiere a quienes trabajan por honorarios, es decir por contratos temporales y sin ningún derecho laboral como las prestaciones, Jesús Ramírez enfatizó se analizarán las áreas que cuentan con este tipo de contratación y el tipo de trabajo que realizan.
“Quienes hoy son contratados por honorarios, digamos que tienen derecho a la futura administración de hacer los exámenes pertinentes, de hacer el análisis sobre la materia de trabajo y sobre las capacidades porque también es importante tener un personal adecuado, comprometido con el servicio público y que sea profesional”, dijo.
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, señaló Ramírez, “desaparecerá esta práctica de intentar, de hacer llamadas a las redacciones para cambiar los titulares, o para cambiar a quienes están en las fuentes o para cambiar las notas, esto se acabó, se acabó la censura, se acabó la discrecionalidad frente a los medios y se acabó la imposición. Vamos a la libertad. Creemos en la libertad, creemos en el libre juego de las ideas”.
