La bancada de Morena en la Cámara de Diputados tiene lista una iniciativa de reforma eléctrica “alterna” en caso de que la del presidente Andrés Manuel López Obrador no alcance la votación de las dos terceras partes en el pleno y sea rechazada.
Se trata, detallaron fuentes legislativas, de una especie de “blindaje”, ya que si la reforma del Ejecutivo no pasa los morenistas podrían dictaminar de inmediato su proyecto alterno, que es más laxo que el que está a debate y aprobarlo en comisiones, para después presentar al pleno ese “plan B”, también constitucional.
El artículo 72 de la Constitución, en su inciso G, establece que “todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la cámara de su origen no podrá volver a presentarse en las sesiones del año”, es decir, que si la propuesta actual es rechazada el Ejecutivo deberá esperar hasta septiembre de 2022 para impulsar otra iniciativa en la materia.
El proyecto alterno, elaborado por el diputado de Morena Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, es una versión más laxa que la de López Obrador.
Contempla modificar los artículos 25, 27 y 28, y para garantizar única y exclusivamente la soberanía energética a cargo del Estado, pero sin las restricciones que se tenían consideradas hacia los particulares y sin extinguir órganos autónomos.
A diferencia de la propuesta presidencial, no se plantean porcentajes del mercado que dominarán CFE y empresas privadas; tampoco cancela los permisos y contratos de generación eléctrica con el sector privado, no contempla desaparecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ni la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y hace a un lado la incorporación del litio como área estratégica del Estado.
La propuesta establece que “el servicio de energía eléctrica es un área estratégica cuyo manejo es exclusivo de la nación en todas las etapas y actividades de su generación, distribución y abastecimiento”.
También señala que la transición energética “está a cargo del Estado y éste, a través de sus instituciones, tiene la obligación de utilizar, con independencia de su origen, todas y cualquiera de las fuentes de energía disponibles, privilegiando el uso de aquellas que favorezcan la protección del medio ambiente y todo tipo de vida en el planeta”.
En el cambio que plantea al artículo 28 constitucional, el cual establece que “no constituirán monopolios” las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en diversas áreas, agrega el tópico de “energía eléctrica”.
En el mismo apartado se adiciona un párrafo en el que se señala que “la Comisión Federal de Electricidad es la entidad estatal con personalidad jurídica, patrimonio propio y dotada de autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Es responsable exclusivo, en los términos de la ley, de la electricidad y el Sistema Eléctrico Nacional, así como de la transición energética”.
Mientras, en el artículo 25 se agregan tres párrafos en los que se argumenta que los habitantes del país tienen derecho a contar con un servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica a cargo del Estado que se brinde en condiciones de autosuficiencia estatal para el abastecimiento continuo de las personas usuarias. Este derecho es, a su vez, un mecanismo de desarrollo social.
“Esta Constitución y las leyes federales en materia de energía eléctrica, exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos determinarán la forma en que el Estado llevará a cabo dichas actividades. Asimismo, puede convocar a participar a los sectores social y privado en los términos del párrafo anterior, a fin de impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo”.
En su exposición de motivos, el proyecto recuerda que la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto prometió muchas bondades como mejorar la economía de las familias, aumentar inversión y empleos, reforzar a Pemex y a CFE, y consolidar la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas y como regulador de la industria petrolera, cosa que no ocurrió.
“Luego de siete años de la mal llamada reforma energética, las tarifas de electricidad y gas son más elevadas. Si bien el gobierno ha logrado mantener sin variaciones abruptas las tarifas del sector doméstico de bajo consumo, las cuales han registrado descensos marginales durante el sexenio, con las nuevas tarifas de la CRE el sector comercial e industrial reportaron incrementos de hasta 40% al inicio de 2018”, señala.
La iniciativa agrega que el gran error económico de la reforma de 2013 “consiste en el hecho de que transfiere riqueza al extranjero y desmantela la economía nacional, pues ello aumentará la pobreza y caerá el empleo en el país”.
Por otro lado, advierte que es necesario dotar a la CFE de los mecanismos constitucionales que le permitan asumir la transición energética.
(con información del universal)
