Autobuses cargados de migrantes llegaron esta semana a Michoacán y Guerrero como parte de la estrategia del Gobierno mexicano de disolver las caravanas que salieron de Tapachula la semana pasada. Cansados de caminar, enfermos y sin recursos, muchas de estas personas accedieron a ser trasladadas tres semanas después de llegar a Tehuantepec, Oaxaca, en la región del Istmo. La Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración (INM) ha ofrecido a estas personas una visa humanitaria para transitar por el país a cambio de desmantelar la caravana y ser transportados de manera voluntaria. Ocho autobuses con al menos 300 migrantes llegaron hace unos días hasta el puerto de Acapulco, en Guerrero. Otros siete camiones llevaron a otro grupo a Morelia, en Michoacán.
Se calcula que entre 200 y 300 personas están siendo trasladadas al día en autobuses a diferentes puntos del país, lejos de Ciudad de México, donde pretendían llegar las caravanas. El objetivo de la mayoría es llegar a Estados Unidos antes de que Donald Trump aplique su política antiinmigración. México, como parte de la negociación, redujo un 75% el flujo de migrantes que llegan a la frontera norte en los últimos años. Ese ha sido uno de los asuntos que han tratado Sheinbaum y Trump en una conversación reciente. “Se atiende a las personas migrantes y a las caravanas previo a que lleguen a la frontera. Reiteramos que la postura de México no es cerrar fronteras, sino tender puentes entre Gobierno y entre pueblos”, dijo la presidenta en redes sociales después de la llamada con el futuro presidente de Estados Unidos, en donde quedó claro que frenar a las caravanas es una de las máximas prioridades de Washington.
“Los flujos migratorios se han reducido no por una estrategia, sino porque México está deteniendo una gran cantidad de migrantes”, señala Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante. “Es un modus operandi: no dan tarjetas de tránsito humanitario y, por lo tanto, las personas tienen más posibilidad de ser detenidas en el camino”, agrega la especialista, quien comenta que la Administración de Joe Biden también ejerció una fuerte presión a finales del año pasado.
Dentro de ese modus operandi también existen los intentos para disuadir a los extranjeros de que sigan su camino. La mayoría de veces, antes incluso antes de llegar a Ciudad de México, o si no, en los Estados del centro del país. La mayoría de los migrantes no llegan a la frontera norte, sin embargo, las entradas por la frontera sur se han disparado. De enero a agosto más de 925.000 personas han entrado en México de manera irregular, más del doble que lo registrado en el mismo periodo del año pasado. “La estrategia de México estuvo muy moldeada en el sexenio de López Obrador y parece que en el de Sheinbaum tendrá los mismos tintes por las amenazas de Estados Unidos”, explica la especialista.
Desde este verano, el Gobierno de Estados Unidos permite solicitar una visa humanitaria a través de una aplicación llamada CBP One, de la oficina de Aduanas y Fronteras. La cita puede hacerse desde la frontera norte o desde los Estados de Chiapas y Tabasco. Los migrantes, mientras tanto, deben de esperar en territorio mexicano la cita en alguno de los ocho puertos fronterizos de Estados Unidos. Sin embargo, a medida que las solicitudes de asilo han ido aumentando, los tiempos de espera se han vuelto más extensos, de al menos siete u ocho meses.
La desesperación por la cita que no llega, la amenaza del crimen organizado y la posibilidad de ser secuestrados, extorsionados o algo peor, han provocado que miles de personas emprendan el camino por su cuenta. “En CBP One se dan unas 1.500 citas diarias, pero hay 250.000 personas que han hecho su solicitud. No se dan abasto”, comenta Rendón.
La política de desgaste aplicada por las autoridades migratorias trata de evitar que los migrantes lleguen al norte. Cientos de ellos son trasladados hasta los puntos más alejados del territorio nacional. La semana pasada un grupo de 160 migrantes que salieron de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, denunciaron que el INM se ofreció a llevarlos hasta Ciudad de México y que, sin embargo, los abandonó en Mérida, Yucatán, a unos 1.500 kilómetros de la capital, en la otra punta del país.
A principios de octubre, otro grupo de personas de Venezuela, Colombia y Haití fue detenido en la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México, y trasladados a Tabasco, 800 kilómetros al sur, casi en la frontera con Guatemala. “Esta situación tiene que ver con la presión de Estados Unidos y la imposibilidad de México de regresar a las personas a países con los que no hay convenios de extradición”, comenta Rendón.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum se enfrenta a un fuerte reto en materia de política migratoria. Estados Unidos exige más detenciones y amenaza con deportaciones masivas que podrían recaer en el Estado mexicano. “Si México no acepta la repatriación de personas a su territorio, Estados Unidos no podría hacerlo y si lo acepta, tiene que ser con un recurso que le permita gestionar las fronteras de una manera adecuada porque sino los gobiernos fronterizos y las organizaciones acabarían muy desgastados”, señala la experta. “Me preocupa que suceda esto justo en el momento en el que se anunció que habrá menos presupuesto para el año que viene”, apunta.
Rendón señala que es necesaria una estrategia temporal para atender la migración en el país donde se creen medidas de empleo temporal, facilidades para el alquiler, programas de Salud y Educación, no solo medidas de contención y una política de desgaste. Desde que Trump ganó las elecciones este noviembre, cuatro caravanas con miles de personas han salido desde Tapachula. La última hace pocos días, con unas 1.200 personas, muchos de ellos niños y niñas. El grupo se encuentra en Pijijiapan, Chiapas, y planea seguir la ruta hacia Oaxaca, igual que el resto de sus compañeros. Las organizaciones humanitarias advierten de que el número de migrantes que intentará llegar al norte aumentará antes de terminar el año.
(Con información de El País)
