El Gobierno británico anunció el martes en el Parlamento su plan para compensar a las víctimas del escándalo de transfusiones con sangre contaminada, indicando que los primeros afectados serán indemnizados íntegramente a finales de año.
Tras la publicación, el lunes, de un informe condenando a las autoridades por este escándalo, que dejó entre las décadas de 1970 y 1990 alrededor de 3 mil muertos, el primer ministro conservador, Rishi Sunak, presentó sus disculpas oficiales y prometió una «completa compensación» para las víctimas.
«Cualquiera que sea el costo» de la compensación a las víctimas «lo pagaremos», prometió Sunak.
Miles de personas que padecían hemofilia o habían sido sometidas a operaciones quirúrgicas se contaminaron en aquella época con hepatitis C y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), después de transfusiones de sangre.
Al detallar el sistema de indemnizaciones ante los diputados, el secretario de Estado John Glen, ‘paymaster general’, anunció que las compensaciones comenzarían «antes de fin de año».
Glen informó que el gobierno procederá a nuevos pagos provisionales de 266.000 dólares y reconoció que las víctimas «mueren cada semana» y pueden temer no ser indemnizadas a tiempo.
Algunas víctimas ya recibieron una primera indemnización de 127.000 dólares en 2022, tras la publicación de un primer informe.
Los allegados de las víctimas que cuidaron a un ser querido infectado también podrán recibir indemnizaciones, dijo el Secretario de Estado. El coste total no ha sido revelado, pero la prensa británica habla de una dotación de 12.700 millones de dólares.
Debido a la escasez de sangre, el servicio público de salud, el NHS (National Health Service), recurrió en aquella época a proveedores estadounidenses que pagaban a sus donantes, entre los que se encontraban presos y miembros de otros grupos con un riesgo importante de infección.
«La magnitud de lo ocurrido es espantosa», describió el lunes una investigación pública independiente de más de 2.500 páginas, que recorre miles de testimonios y documentos que prueban que «la verdad estuvo oculta durante décadas».
El drama «podría haberse evitado en gran medida», afirma en el informe, de siete años de trabajo, el exjuez Brian Langstaff, que dirigió la investigación.
(Con información de El Universal)
