La polémica ley de amnistía, uno de los nudos gordianos de la campaña que llevó a López Obrador a arrasar en las urnas, continúa rodeada de ambigüedades y la explicación de los detalles avanza a cuentagotas. Este martes, la virtual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que ha recibido del presidente electo “una carta abierta para hacer lo que sea necesario para pacificar el país”, pero que en todo caso, la regulación futura de la amnistía dejará fuera aquellas “conductas que de acuerdo con la Constitución constituyan graves violaciones a los derechos humanos”.
Esa «carta abierta» incluye la legalización de las drogas. «Él sabía perfectamente de mis conferencias y de mis artículos en la prensa sobre la despenalización de las drogas, me dijo textual: ‘Abramos el debate”, desveló en el Seminario sobre Violencia y Paz ¿Olvido, verdad o justicia? organizado por El Colegio de México (Colmex).
Cordero habló de “justicia transicional” acompañada de académicos, activistas de derechos humanos como el poeta Javier Sicilia y familiares de desaparecidos. “Quienes cuestionan que la violencia no se arregla con violencia –defendió Cordero– y que necesitamos un modelo de justicia transicional, ponen en duda que nos encontramos en un conflicto, y que necesitamos nuevos modelos. Nadie puede negar que en los últimos 10 años el Estado ha sido incapaz de paralizar la violencia. Es hora de que desde el Gobierno deje de simular que no pasa nada y que hay una política de derechos humanos”.
La declaración de López Obrador en diciembre insinuando que no descartaba dulcificar o perdonar los castigos a los líderes del crimen organizado en pos de una estrategia más amplia de pacificación del país recibió una avalancha de críticas por parte los militares, políticos y parte de la sociedad mexicana. “Es crucial empezar a hablar de una justicia transicional en México, concreta para nosotros, adaptada a esta realidad”, incidió Cordero, jurista de perfil progresista y que durante 21 años, hasta 2015, fue jueza de la Suprema Corte de Justicia.
La conformación de comisiones de la verdad, inspiradas por otras experiencias internacionales, es otra de las medidas estrella dentro del plan integral del nuevo gobierno. “Pueden ser planteadas para casos concretos, como la que está en marcha sobre el caso Ayotzinapa; comisiones regionales en los lugares más violentos o una gran comisión de la verdad, formada por un grupo interdisciplinario como la que existió en Perú, en Guatemala o la que apenas empezó en Colombia tras una década de hablar de transición”. Ninguna debería llevar más de cuatro años y deberían “correr de forma paralela a las investigaciones y procesos de justicia. No son ni excluyentes ni sustitutivas entres sí”
Otros cuadros del futuro Gobierno, como el virtual secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, han subrayado ya que el nuevo plan contra el crimen organizado no se articulará par medio de un decreto, sino se fundamentará en un diálogo con los diferentes actores hasta alcanzar el Congreso. Ese futuro proyecto de ley contará según lo anunciado este martes por Cordero de diferentes patas: “amnistías, un plan nacional de reparación a las victimas, comisiones de la verdad, una propuesta de despenalización de la droga y política pública para la recuperación de espacio sociales y económicos”.
Sobre la base de poder dilucidar con rigor los autores de los delitos dentro del mar de impunidad que asola al país, otra de las patas será un programa de reducción de penas, así como un programa nacional de reparaciones de violaciones de derechos humanos, especialmente enfocados a los familiares de los desaparecidos. “Tenemos muy pocas sentencias en el país –añadió Cordero–, no se han investigado las causas, el modo de operar, los autores materiales, intelectuales, si son sujetos privados, parte del aparato estatal o ambos”.
