Minuto 00:01. La grabación comienza con una joven acostada sobre un catre colocado en la esquina de una habitación hecha con láminas y ladrillos grises. Usa un huipil rojo que tiene levantado hasta el cuello y una larga falda negra que cae hasta los tobillos, lo que permite ver su cuerpo semidesnudo. El hombre que graba hace acercamientos, alejamientos, tomas amplias y cerradas a sus genitales. En el piso de la habitación está un rebozo, que completa la típica vestimenta tzotzil de las indígenas chiapanecas.
Minuto 00:48. El hombre que graba decide que tiene suficientes tomas del cuerpo desnudo de la joven. Ahora, quiere grabar su cara. Ella se cubre con los brazos y manotea para que la cámara se aleje. Es evidente que no quiere que grabe su rostro, pero él insiste apartándole con fuerza los brazos. Por unos pequeños instantes el teléfono celular registra un rostro aniñado, una risa incómoda y un breve forcejeo entre él y ella.
La grabación no supera el minuto y medio. Está hecho para picar la curiosidad de los pedófilos, que buscarán en el mercado negro del sur del país el video completo dentro de una compilación llamada “Inditas calientes II”, que forman parte de uno de los más recientes fenómenos de la trata de personas en México.
Le llaman “etnoporno” y ella, la protagonista, no parece tener ni 15 años cumplidos.
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La primera vez que Martha Figueroa supo de videos pornográficos con jóvenes indígenas de su estado fue hace unos cuatro años. Ella, una activista feminista con un amplio reconocimiento en Chiapas por impulsar la Alerta de Género en su estado, vio que en el mercado de su municipio, el turístico San Cristóbal de las Casas, se vendían DVD con llamativos títulos escritos a mano sobre carátulas blancas: “Indias calientes”, “Indias en el monte”, “Chamula XXX” y más.
Cuando vio el contenido, Martha Figueroa se sorprendió: tzotziles y tzetzales adolescentes, jóvenes, señoras y hasta mujeres de la tercera edad protagonizaban videos caseros de todo tipo. Hay relaciones sexuales consensuadas entre parejas adultas y algunas donde el comportamiento de los protagonistas insinuaba un servicio sexual, pero también hay segmentos oscuros con adolescentes ebrias y violadas, y mujeres grabadas con cámara escondida y cuya identidad se difundía sin su consentimiento.
“Por los títulos y la vestimenta de las mujeres, es obvio que se trata de indígenas de los municipios más pobres de Chiapas: Chamula, Zinacantán, Chiapa de Corzo. Y el hecho de que los discos se vendan en San Cristóbal, donde hay una gran población extranjera y con dinero, te da a pensar que se trata de un mercado sexual donde las más vulnerables son carne de cañón para los más ricos del estado”, contó Martha Figueroa.
Para Patricia Chandomí, académica de la Universidad Autónoma de Chiapas y especialista en violencia de género, estos videos tienen un nombre: “etnoporno”. El “etno” viene de la palabra “etnia”, pues sus consumidores tienen una especial fijación por las poblaciones indígenas.
“En muchos casos, los que compran este tipo de pornografía lo hacen porque les causa fascinación o morbo una persona indígena. Quieren ver cómo tienen relaciones sexuales, cómo son sexualmente. O, en los casos más extremos, quieren ver cómo se ejerce la dominación a un grupo de por sí ya oprimido históricamente”.
A nivel local, la producción de estos materiales es atribuida a un grupo conocido como “Chamula Power”, dedicado a distintos negocios ilícitos: desde la venta de droga con el supuesto permiso del grupo criminal Los Zetas hasta la piratería y la producción de videos para adultos, que incluso se graban en la calle con turistas que acosan a niñas por la vía pública y se convierten en pornografía infantil.
“Disfrutar” de estos videos puede tener una consecuencia grave, pues las leyes de México establecen que quien grabe a menores de edad en actos sexuales o a personas mayores de 18 años, pero sin su consentimiento, estaría incurriendo en el delito de trata de personas en su modalidad de producción de pornografía. Y quien compre esos videos también sería culpable por el delito de posesión de pornografía infantil. En cualquier caso, vendedor y cliente estarían frente a una sentencia que rondaría los 20 años en prisión.
“Por ejemplo, había un video que tenía como portada a una niña que vendía artesanías aquí en San Cristóbal de las Casas y que tenía de espaldas la catedral. La niña tendría 10 años, pero parecía de ocho, ¿y por qué estaba en la portada de ese DVD? Porque anunciaba que ella, o otras niñas de edad, aparecerían en los videos. Ahora, nosotras, las organizaciones, estamos buscándola. Estamos yendo por las víctimas para ayudarlas”, contó Martha Figueroa.
A ese esfuerzo se han sumado otras organizaciones no gubernamentales que hoy están haciendo un frente común a favor de las víctimas del “etnoporno”, al que muchas veces se llega por la falta de empleo, oportunidades y solvencia económica.
Adriana Rebollo, fiscal antitrata en Chiapas, pidió a los habitantes de Chiapas, especialmente a los de San Cristóbal de las Casas, epicentro de este nuevo tipo de explotación sexual, que denuncien cuando vean este tipo de DVD a la venta, pues con una queja ciudadana es que se puede abrir una carpeta de investigación.
