24 de noviembre de 2024

Defensores de inmigrantes en EE. UU. acusan a la Ley SB1718 de discriminatoria y violatoria de derechos fundamentales

El estado de la Florida en los Estados Unidos se ha convertido en una entidad prohibida para los migrantes irregulares. Cientos de inmigrantes decidieron salir por temor a ser detenidos y expulsados bajo la Ley SB1718 impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis. Quienes tienen un estatus legal, aseguran que la norma es una decisión política que busca ganar votos basados en el odio.

Dentro de los apartes más debatidos de esta ley, figura la sección diez que penaliza transportar personas indocumentadas desde otro estado hacia la Florida sin importar si se tratara de familiares. La condena puede ser la cárcel. Otras acciones son consideradas como persecutorias e intimidantes.

Este primero de agosto, al cumplirse un mes de su puesta en ejecución, se calcula que al menos 500 trabajadores del campo decidieron dejar sus trabajos por miedo a ser expulsados de la Florida. Otros, como Mateo toman el riesgo por el sueño americano que ya lleva 13 años construyendo sin regularizar su situación migratoria ni mejorar en la calidad de vida.

«Pues según lo que dicen es que el sueño americano es fácil, hay mucho dinero, pero eso es mentira. Uno es esclavo del trabajo. Si no trabaja, pues le falta dinero. Aquí todo se paga. No es fácil vivir aquí en Estados Unidos»,dijo Mateo Francisco, migrante no autorizado en Miami.

Dueños de empresas prefieren no hablar frente a las cámaras, pero les dicen a sus campesinos que no se vayan. Aseguran que la ley solo afectará a los nuevos ingresos y es que cada empresa con más de 25 jornaleros deberá reportar la situación migratoria de sus obreros. El golpe de la medida en lo económico, vaticinan, será fuerte. Empresas pequeñas podrían cerrar definitivamente ante el aumento del precio de la mano de obra. Las grandes, se verían obligadas a bajar su producción.

Las normas de no bienvenida no quedan solo en la SB1718. También existe otra ley que es la 264 que afecta a constructoras y promotores inmobiliarios. Esta impide a inversionistas, sin residencia en los Estados Unidos, de China comprar tierras sobre suelo de la Florida. Los ciudadanos de Cuba, Venezuela, Rusia, Siria, la RPDC e Irán podrán negociar terrenos o inmuebles, siempre y cuando no estén en zonas cercanas a infraestructuras que consideren críticas o de seguridad como aeropuertos, bases militares o plantas de energía eléctrica.

Según el Migration Policy Institute, cerca de 770 mil personas viven en el estado de la Florida de forma no autorizada, mientras que en todo los Estados Unidos, la cifra ronda los once millones. Números que van entre 2017 y 2020. Al 2023 no existe un dato exacto, pero el cierre del año fiscal 2022, el cruce de migrantes por la frontera sur del país superó los 2,76 millones de inmigrantes de los cuales, al menos, el 45 por ciento fue admitido.

«¿Qué yo digo que adolece esta ley? ¿Cómo regularizó a la gente que necesito? No cómo los echo. Tengo que saber quiénes son, tengo que tenerlo bajo control y como lo regularicen, porque los necesito. Es una combinación de cosas. O sea, el lobo tiene que ser un lobo bueno, no un lobo malo, porque entonces se autodestruye él mismo», dijo Tulio Rodríguez, economista y desarrollador inmobiliario en la Florida.

(Con información de El Universal)

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