Los responsables de filtrar los datos personales de los periodistas que cubren la mañanera, la conferencia diaria de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, accedieron al sistema informático del Gobierno desde una dirección IP registrada en España con el usuario y la contraseña de un exempleado estatal que lleva unos dos años sin trabajar para la entidad, según han informado las autoridades en la tarde de este lunes. Ha sido una tensa comparecencia ante los medios, en la que los reporteros presentes han denunciado que debido a sus fallas de seguridad el Estado ha puesto en riesgo a 309 comunicadores en uno de los países más letales del mundo para ejercer la profesión. No se sabe quién está detrás del robo de información, ni cuáles fueron los motivos.
Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, Jesús Ramírez Cuevas, portavoz del Gobierno, Carlos Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional, y Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, han sido los cuatro responsables de explicar ante la prensa cómo se produjo el robo informático. “No se trató de una filtración, no fue que alguien ingresó legalmente al sistema y filtró esta lista de materiales. Fue una extracción ilegal desde fuera del sistema utilizando una contraseña y un usuario, pero fue una extracción ilegal”, ha asegurado Ramírez Cuevas en un trabalenguas que no ha convencido demasiado a los periodistas.
Ramírez Cuevas ha sostenido también que la página de donde se sustrajo la información no es la base de datos que utiliza el Gobierno para mantener un registro de los periodistas que cubren las mañaneras. De acuerdo con el portavoz, los archivos fueron robados de “una página de preproducción que se utiliza justo para generar la base de datos, es donde se hacen pruebas y se utiliza para correr el sistema y probar que sí funciona”. Ramírez Cuevas ha afirmado que la página se encontraba “inactiva” cuando los responsables de la filtración accedieron a ella.
De acuerdo con los cuatro funcionarios, los sospechosos no robaron la información de las 309 personas que se encontraban registradas en la dicha página, sino que en esa plataforma solo había datos de 263 reporteros. “Había 186 credenciales de elector con datos de domicilio, 63 pasaportes, uno más ilegible, había dos currículums, una licencia de Estados Unidos que un periodista utilizó para acreditar su identidad, una CURP y 10 documentos excedidos por migración, de periodistas de origen extranjero que trabajan en México”, ha explicado Ramírez Cuevas.
Los datos fueron sustraídos de la página del Gobierno el pasado día 22, pero las alertas no saltaron. Los responsables de ciberseguridad estatales no descubrieron la sustracción hasta el viernes 26, cuando las propias víctimas empezaron a denunciar en redes sociales que sus datos estaban siendo difundidos por internet, desde una página que ya ha sido inhabilitada. Las autoridades no dijeron nada durante todo el fin de semana hasta que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha abordado el escándalo este lunes en su conferencia diaria de prensa. El presidente ha acusado sin ofrecer pruebas al grupo de hackers de los papeles de Guacamaya, el mayor robo de información que ha sufrido la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), un relato que no se sostiene con la versión ofrecida horas después.
Los funcionarios han explicado que las alarmas no saltaron debido a que se accedió con un usuario y una contraseña, por lo que el sistema no lo leyó como una actividad inusual. También han precisado que ese usuario solo se encuentra activo en la página de “preproducción” porque es antigua y está en desuso, y que no se podría acceder con ese perfil a la página real. Sin embargo, un rato después, se han contradecido al asegurar que la página vulnerada no había sido eliminada con anterioridad porque estaba “en transición” de “preproducción a producción”.
Aun así, los cuatro responsables de dar la rueda de prensa han asegurado que “el sistema de acreditación de prensa no está vulnerado”, y que un análisis de sus plataformas ha revelado que no se han producido más filtraciones ni movimientos sospechosos. La secretaria de Gobernación ha anunciado que van a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Algunos de los reporteros presentes en la conferencia, afectados por la filtración, se han mostrado escépticos a los argumentos del Gobierno y han exigido mayores acciones. El subsecretario de Derechos Humanos ha prometido que el mecanismo de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos se encuentra a disposición de los afectados que consideren que la filtración los ha puesto en riesgo. Las autoridades también han garantizado que se están poniendo en contacto con todas las víctimas.
(Con información de El País)
