Trabajadores del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP) que encabeza Fernando Álvarez Simán, denunciaron que para reincorporarse a sus actividades laborales, les exigen realizarse, y costear de sus recursos personales, la prueba de detección del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
La instrucción, que llegó a los trabajadores de manera verbal y a través de Whatsapp, señala que –sin excepción- para poder presentarse a laborar, deben acreditar que no están enfermos de COVID o hayan sido contagiados.
Se les exigió que la prueba de detección del virus se realice en el laboratorio de Análisis Clínicos Rovisan, ubicado en Tuxtla Gutiérrez. El IAP estableció un convenio con dicho laboratorio para que la prueba cualitativa para SARS-CoV2, se cobre a 475 pesos.
De acuerdo a la documentación que entregaron a este medio los trabajadores, los resultados de la prueba son enviados al correo institucional de Guilmar Samiento Zenteno, coordinador Administrativo.
Esta exigencia del IAP, señalaron especialistas en Derecho, tanto el laboratorio Rovisan como el IAP, violan la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, donde se establece que se debe garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, quienes no están obligadas entregar datos relacionados con su salud a un empleador.
En este caso, la empresa Rovisan Datos está entregando datos personales sensibles, acción que afceta a la esfera más íntima de la persona que se realizó el examen, y cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación.
Los trabajadores del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas denunciaron que Rovisan cuenta con una lista de todo el personal para notificar a dicha institución quiénes han procedido a realizarse la prueba y corroborar que el resultado haya sido negativo para poder presentarse a sus labores.
El IAP por su parte, violenta los derechos laborales de los trabajadores, al poner como condición para trabajar, la entrega de una prueba clínica. Según expertos, con estas acciones el IAP violenta incluso los Derechos Humanos y sus Garantías establecidos en los artículos 1, 3, 4, 5 ,6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los trabajadores señalaron que tienen temor de perder sus empleos, por lo que pidieron que de oficio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos a cargo de Juan José Zepeda Bermúdez, investigue el caso y emita una recomendación que les permita garantizar sus derechos.
