Ciudad de México.- El Gobierno de México reconoció este viernes que aún no reporta resultados del lado mexicano dentro de la operación binacional Águila Alta, un despliegue con Estados Unidos para detectar e inhibir el uso criminal de drones en la franja fronteriza de Tijuana y San Diego. La información fue expuesta por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien adelantó que ambos países revisarán la próxima semana los datos obtenidos por sus respectivas fuerzas.
Un operativo con alcance definido
Águila Alta es una operación temporal de coordinación, no una intervención conjunta dentro del territorio de un solo país. Cada autoridad actúa en su propia jurisdicción y mantiene sus responsabilidades operativas. De acuerdo con los datos difundidos este 11 de septiembre, el despliegue mexicano se concentra en un corredor de cinco kilómetros de extensión y 500 metros de profundidad en la zona de Mesa de Otay, en Baja California.
La estrategia combina patrullajes terrestres con equipos antidron semifijos y móviles. Estos sistemas buscan detectar, seguir e inhibir aeronaves no tripuladas de uso comercial cuando se relacionen con actividades ilícitas. El secretario de la Defensa indicó que la capacidad de cobertura de los equipos es de alrededor de tres kilómetros, por lo que se emplean varias unidades para vigilar el tramo asignado.
Seguridad fronteriza y evaluación pendiente
Unos 800 elementos militares participan en la parte mexicana del programa, según la información dada a conocer por la autoridad. El operativo se mantiene previsto hasta el 21 de septiembre, por lo que el reporte de este viernes debe leerse como un corte inicial y no como un balance definitivo. La reunión anunciada para la próxima semana será relevante para conocer si hubo detecciones, qué patrones se identificaron y qué ajustes necesitaría el dispositivo.
El interés de las autoridades se centra en aeronaves comerciales modificadas o usadas para apoyar redes de tráfico de personas, drogas o armas. La preocupación ha crecido porque estos aparatos pueden trasladar cargas pequeñas, realizar reconocimientos a distancia o vulnerar zonas de vigilancia sin requerir una infraestructura compleja. Trevilla Trejo señaló que México ya ha observado el empleo de este tipo de dispositivos por organizaciones criminales, con referencias a casos en Michoacán y Sinaloa.
Cooperación sin cesión de jurisdicción
La operación se inserta en la cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos en una de las fronteras más transitadas del continente. En términos prácticos, el intercambio de información y el uso de tecnología deben complementarse con protocolos claros para evitar confusiones, respetar la jurisdicción de cada país y proteger a la población civil que vive, trabaja o cruza diariamente por la zona.
El anuncio también ocurre después de que autoridades estadounidenses reportaran cientos de derribos de drones asociados con hechos criminales y miles de vuelos detectados cerca de la frontera. Esas cifras no equivalen por sí mismas a incidentes en el tramo mexicano de Águila Alta, pero explican la urgencia de probar capacidades de vigilancia y respuesta en un corredor específico.
Para México, el resultado útil no se medirá solo en aparatos detectados o neutralizados. También dependerá de si la experiencia permite mejorar la coordinación institucional, identificar riesgos antes de que se conviertan en ataques o cruces ilegales y generar evidencia que sirva para futuras decisiones de seguridad pública. Por ahora, el Gobierno federal mantiene que la fase mexicana no registra avances reportables y que la evaluación sigue abierta.
Fuentes: EL PAÍS, Secretaría de la Defensa Nacional.
