Ciudad de México. El gobierno federal colocó de nuevo el feminicidio en el centro de la agenda pública al presentar detalles de una iniciativa que busca homologar la investigación y sanción de este delito en todo el país. La propuesta plantea una definición nacional, penas de 50 a 70 años de prisión y reglas comunes para evitar que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas de forma desigual entre entidades.
Un tipo penal común
De acuerdo con lo expuesto en la conferencia presidencial de este 15 de julio, la nueva Ley General de Feminicidio busca establecer que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. La tentativa también tendría sanción, calculada entre la mitad y dos terceras partes de la pena prevista para el delito consumado.
Uno de los puntos centrales es cerrar las diferencias entre códigos estatales. Organizaciones y familias de víctimas han señalado durante años que la clasificación depende demasiado del criterio local, lo que puede derivar en carpetas abiertas como homicidio, suicidio u otros delitos, aun cuando existan indicios de violencia de género.
Agravantes y obligación de investigar
La iniciativa incorpora agravantes para elevar sanciones cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, embarazada, periodista, defensora de derechos humanos, migrante o cuando existan antecedentes de violencia, agresiones sexuales, ataques con sustancias o relación de poder entre víctima y agresor.
También se plantea que las fiscalías actúen con debida diligencia, perspectiva de género y protocolos homologados. La apuesta es que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente con hipótesis de feminicidio, hasta descartar o confirmar los elementos del delito.
El reto de la implementación
La reforma puede ordenar el marco legal, pero su efectividad dependerá de fiscalías con personal capacitado, peritajes oportunos, protección a familias y seguimiento judicial. Sin presupuesto, coordinación y evaluación pública, una ley nacional corre el riesgo de quedarse en una promesa fuerte sobre papel.
Para las víctimas indirectas, el cambio esperado no es solo una pena mayor: es que las investigaciones no empiecen tarde, no minimicen señales de violencia y no dejen a las familias cargando solas con la búsqueda de justicia.
Fuentes: UnoTV, N+.
